Según el Banco de España el proceso de recapitalización de las cajas de ahorro ha requerido 13.389 millones de euros. En reciente rueda de prensa el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha declarado que la aportación pública ha ascendido a 7.551 millones de euros por 5.838 del sector privado. Según acaba de manifestar el mismo Ordóñez, la CAM, cuyo rescate costará más de 2.800 millones de euros a las arcas públicas, es "lo peor de lo peor". Ante esta afirmación es oportuno hacer un poco de memoria y recordar como hace tan solo escasos meses, en marzo pasado, el entonces presidente de la Generalitat valenciana, el popular Francisco Camps, declaraba que la CAM "es una caja ejemplar que genera prosperidad y bienestar". Antes de la intervención, altos ejecutivos de la Caja se aseguraron elevadas prejubilaciones. Otros miembros de la entidad financiera no fueron menos parcos como nos demuestra el caso de la exdirectora de la CAM quien intentó asegurarse un sueldo vitalicio de 350.000 euros anuales, suculento botín que muestra una codicia sin límites, máxime si consideramos que el coste de estos desaguisados lo pagarán los contribuyentes en un contexto de recortes de los servicios públicos esenciales y fuerte desempleo.
En
el
caso
de
otra
de
las
cajas
intervenidas,
Novacaixagalicia,
con
2.465
millones
de
costo,
las
cosas
van
por
el
mismo
camino
como
evidencia
el
hecho
de
que
la
entidad
ha
destinado
23,6
millones
de
euros
para
hacer
frente
a
la
salida
de
tres
altos
ejecutivos,
montante
que
también
podría
ir
a
cargo
de
los
ciudadanos. Es la irresponsable política de amplios sectores financieros la que en buena parte ha generado la situación de crisis que padecemos con el consiguiente retraimiento de crédito, la recesión y, en el mejor de los casos, el estancamiento del crecimiento económico. Los dineros de los contribuyentes dedicados al "saneamiento" de las finanzas de estas entidades aventureras no es el único pago que los ciudadanos debemos realizar a estos incalificables culpables, ya que el paro y los recortes sociales son la única alternativa que surge de las mentes de los gobernantes. Algunos de ellos, singularmente el Partido Popular y Convergencia i Unió, obsesionados por recortar lo que más presente y futuro ofrece a la mayoría: la educación y la sanidad pública de calidad y los servicios sociales. Aquellos políticos megalómanos –como nuestro popular imputado Jaume Matas– no sólo gestionaron mal, como demuestra el caso del Palma Arena, por citar el más conocido, sino que se embarcaron en proyectos de dudosa viabilidad como el Palacio de Congresos cuyo esqueleto ha quedado plantado en la bahía de Palma o el proyecto de construcción del Palacio de la Ópera, sin olvidarnos de la creación de múltiples empresas públicas que hoy se dedican a desmantelar los herederos directos de los que las impulsaron. El último dato del paro, referido al mes de septiembre del año en curso, ha mostrado un incremento de 95.817 personas que han engrosado las listas del desempleo, casi el doble de las cifras del año pasado en el mismo mes. Continúa, pues, una caída en picado de la actividad productiva. El problema del crecimiento económico es el centro medular de la crisis. En Europa los gobiernos liderados por el tándem galo-alemán, han optado por una reducción del gasto público lo que, inevitablemente, influye negativamente en el crecimiento de la actividad a la vez que suma otra fuente de desempleo provocada por los recortes en las administraciones públicas. El propio Fondo Monetario Internacional ha llamado la atención sobre el hecho de que los ajustes para reducir el déficit no deben interferir en el crecimiento, aunque la realidad es que la política de ajuste hasta ahora practicada no está dando los resultados esperados y sigue provocando más paro, sin que se logre activar una economía débil en puertas de una probable segunda recesión de consecuencias incalculables.
Mientras,
el
pretendiente
popular
ya
se
ve
inquilino
de
La
Moncloa
y
un
verdadero
espectáculo
de
piruetas
dialécticas
inunda
los
medios
de
comunicación
con
demagógicas
declaraciones
que
van
desde
un
González
Pons
que
promete
tres
millones
de
empleos,
que
resultan
ser
solo
objeto
de
un
deseo,
o
la
representante
en
Cataluña
deñ
Partido
Popular,
Alicia
Sánchez
Camacho
quien
contrariando
lo
practicado
por
su
partido
donde
gobierna,
como
ocurre
en
nuestras
islas,
tiene
la
desfachatez
de
afirmar
que
la
sanidad
y
la
educación
son
sagradas. En ese coro que entona la melodía del recorte hay que sumar a José Ramón Bauza y sus adláteres, quienes, después de aumentarse sus sueldos, han iniciado el camino que lleva al desempleo a cientos de empleados públicos.
Cándido
Méndez
y
Fernández
Toxo,
UGT
y
CC
OO
han
situado
el
problema
en
su
justo
lugar
ya
que
la
realidad
nos
muestra
que
nos
hallamos
ante
el
agotamiento
del
modelo
de
crecimiento
económico
y
sólo
a
través
de
su
modificación
es
razonable
pensar
que
las
cosas
puedan
comenzar
a
cambiar,
aunque
por
ahora
los
augures
pronostican
más
crisis,
menos
crecimiento
y
mayor
desempleo. 19/10/2011 |
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