Seguramente, una vez pasado el clima conmemorativo que envuelve el 2006 -75 años desde la proclamación de la II República y 70 años del inicio del golpe de estado militar y del comienzo de la Guerra Civil-, el tema de la memoria histórica, que embarga la atención de buena parte de la opinión pública, disminuirá su protagonismo. En fin, la entidad de estas efemérides no da para menos. En cualquier caso es buena ocasión para la reflexión colectiva.

 

El interés por la llamada memoria histórica ha estado últimamente en primera línea más allá de la acción legislativa del gobierno del Estado o de la propia voluntad de los partidos políticos. Las nuevas generaciones se han enfrentado de cara a un pasado que otros, en otros momentos, tuvimos que afrontar mediatizados por la voluntad suprema de reinstituir los valores democráticos a los ciudadanos del Estado español. Hoy, sin ruido de sables ni amenazas directas a la democracia, el tema, recurrente, ha vuelto a saltar a la palestra generando una enorme cantidad de literatura de la cual la prensa ha dado buena cuenta.

 

También la ocasión ha evidenciado la existencia de una historiografía rigurosa y profesional que ha puesto los puntos sobre las ies en lo que se refiere al conocimiento del período republicano, de la guerra civil y de sus consecuencias. Paralelamente no ha dejado de operar una reinterpretación revisionista de los hechos en manos de turbios personajes que, con escaso rigor, ha utilizado las palabras que algunos sectores de la derecha no se atrevían a hilvanar para reconstruir un relato que en el pasado fue patrimonio casi exclusivo de los nostálgicos del franquismo. Estos charlatanes de ocasión, desde Pío Moa hasta el incendiario predicador de la COPE Federico Jiménez Los Santos, han provocado el efecto contrario al de sus deseos ya que la verdad de los demócratas florece entre la historiografía seria, el mundo académico y la inmensa mayoría de la población pensante.

 

En este contexto el problema más delicado, sin lugar a dudas, es el de las víctimas que, por supuesto, las hubo de una parte y de otra, aunque en general de forma asimétrica y desde actitudes cualitativamente diferentes. No obstante, todas las personas que vieron como sus derechos fueron violentados son víctimas a las cuales, sin distinción, se debe reconocer su consideración.

 

En el campo republicano, el golpe militar determinó la caída del orden institucional provocado por aquellos que, precisamente, tenían entre otras obligaciones la de salvaguardarlo. El desorden dio pie a múltiples anomalías que se escaparon del control del gobierno republicano provocando lamentables incidentes entre los cuales no estuvieron ausentes los asesinatos y las vejaciones indiscutiblemente condenables.

 

El caso menorquín nos puede ayudar a ilustrar esta situación. La complicidad de la mayoría de la oficialidad de la isla hermana con el golpe militar fue anulada tras una acción decisiva de otra parte del ejército, especialmente entre la suboficialidad y la tropa. El coste en vidas fue considerable. En este contexto se dio la lamentable muerte del joven sacerdote de Ferreries Juan Huguet Cardona vilmente asesinado por el brigada Pedro Marqués. Éste, finalmente, pagó con su vida tal fechoría ya que al finalizar la contienda fue fusilado por los vencedores.

 

En Mallorca, donde triunfó el golpe militar, Jeroni Alomar Poquet, también sacerdote, murió fusilado a manos de los golpistas. Su delito no fue otro que ayudar a escapar a los perseguidos. Nadie ha exigido responsabilidades hacia los que ordenaron su muerte. Como ésta, todas y cada una de las acciones criminales que tuvieron lugar en la isla quedaron impunes y las víctimas y su entorno sujetas a un silencio amenazador que produjo una amnesia colectiva hija del miedo y el sufrimiento.

 

Esta es, en mi opinión, la base de la asimetría: el hecho de que las víctimas de los llamados "nacionales" fueron durante cuarenta años reconocidas y ensalzadas hasta la saciedad mientras que las otras fueron silenciadas y calumniadas para ser luego olvidadas. Aún hoy algunos han sido incapaces de compensar los cuarenta años de ignominia con un solo acto de reconocimiento a las víctimas republicanas.

 

El franquismo depuró hasta la hez todas las responsabilidades más allá de los hechos mediante actos judiciales ilegales realizados por tribunales militares, a través de procedimientos sumarios adoptados bajo apariencia jurídica pero sin ninguna base ni garantía procesal. Estableció una Causa General y una draconiana Ley de Responsabilidades Políticas retroactiva a 1934. Se juzgó, fusiló, torturó y encarceló a centenares de miles de personas, pero las responsabilidades de los golpistas quedaron indemnes y se lanzó sobre los vencidos, sobre las víctimas, todo tipo de bazofia y desprecio.

 

La muerte del sacerdote Juan Huguet fue la responsabilidad de un acto deleznable cometido por dicho brigada en un contexto de descontrol y no la acción fría, meditada y contundente del aparato del Estado. En septiembre de 1936 el gobierno de la República pudo comenzar a restituir el orden institucional, a través del teniente coronel de Artillería José Brandaris de la Cuesta nombrado por el gobierno republicano Gobernador Militar de la isla menorquina. A partir de ahí, los incidentes practicados por grupos incontrolados tendieron a desaparecer, lo cual supuso un punto de inflexión en cuanto al desarrollo de sucesos violentos restituyéndose la legalidad republicana.

 

La diferencia entre una y otra situación -en un bando y en otro- fue que la legalidad republicana era la de un estado de derecho incapaz de asegurar el orden por el desorden provocado por los golpistas, mientras que el orden de los golpistas era el del asesinato y la represión realizada desde la ausencia del estado de derecho. A través de un inmoral aparato judicial, se practicó una represión amplia, profunda, generalizada y persistente en el tiempo, y, donde este aparato represor no alcanzaba, la muerte a través del tiro en la nuca dejando las cunetas repletas de cadáveres deliberadamente expuestos para la práctica del terror.

 

Si Manuel Azaña, presidente de la República, exclamó horrorizado su "¡Paz, Piedad y Perdón!". Si el gobierno del doctor Negrín resistió firmemente con el objetivo preferente de evitar la matanza y la represión indiscriminada, que finalmente no pudo evitar, el comportamiento del gobierno de Burgos fue el de institucionalizar la represión trasladándola hasta la médula de la sociedad con espíritu revanchista y vengativo y, lo que es más grave, con el objetivo de amedrentar a toda la población para evitar la restitución de los derechos democráticos que la Constitución y el ordenamiento jurídico republicano garantizaban de forma rotunda.