La contundente intervención de la fiscalía
anticorrupción en la operación Voramar no debería soslayar el hecho de que
las actuaciones irregulares realizadas desde las administraciones públicas
están yendo, en Mallorca, mucho más allá de los hechos encausados en el
municipio de Andratx.
Múltiples aspectos de nuestra vida pública se ven afectados por prácticas
moralmente reprochables. Nepotismo, enchufismo, clientelismo, "pelotazos"
cobro de comisiones y toda la casuística de la picaresca cotidiana de la
que todos tenemos, de alguna manera, noticia. En definitiva: ausencia de
espíritu de servicio público que, en todas sus vertientes, contribuye,
decididamente, a generar el clima que arropa el desarrollo de corruptelas,
que afectan, de manera especial, a las administraciones municipales.
Existe, pues, un clima de "comprensión" y tolerancia que desde
determinadas instancias públicas y políticas propicia un cúmulo de
irregularidades que no sólo afectan al urbanismo y que, en conjunto,
corroen los pilares de la convivencia cívica.
A nadie se le oculta que ha calado entre la ciudadanía una complaciente
resignación que atribuye a la labor política una irremediable vertiente
corrupta. Gran parte de las anomalías que son conocidas en el ámbito
público se sustentan en un clima de impunidad. Existe una percepción de
que la paralización del delito sólo es posible a través de la actuación
policial y judicial, lo cual, en sí misma es insuficiente para atajar de
raíz las causas que facilitan las prácticas delictivas.
Es ese clima de complicidad, más tácito que expreso, esa resignación que
invade muchas instancias de la administración y que afecta a parte de la
ciudadanía la que facilita y posibilita el descarado desarrollo de
reprochables actuaciones que van desde la patrimonialización de lo público
hasta la delincuencia pura y dura como la aflorada en diversas actuaciones
municipales, que van más allá de los casos conocidos en Sineu, Ses
Salines, Santa Margalida o Calvià.
La sociedad en general y, especialmente, los servidores públicos, tiene
que asumir el reto de acotar la actuación de los corruptos en todas sus
variantes y magnitudes denunciando su actuación y, sobre todo, aislando
moralmente a los corruptos, es decir: a aquellos que se apropian de lo
público en beneficio propio, con independencia de que el fruto de sus
prácticas se destine a la adquisición de un coche de lujo o,
sencillamente, sirva para menoscabar el derecho que los ciudadanos tienen
a recibir unas contraprestaciones dignas como contrapartida a los
impuestos que taxativamente las administraciones les exigen.
Generar un clima generalizado de rechazo es, sin paliativos, una de las
claves para abrir un proceso de regeneración que devuelva a la actividad
pública, a políticos y funcionarios, los niveles de dignidad y eficacia
exigibles a una sociedad moderna y democrática.
A tal tarea deben ser llamados todos los ciudadanos, todos los demócratas,
sean de derechas o izquierdas, a no ser que tenga consistencia aquel
razonamiento que sostiene que la corrupción es una de las vertientes de la
concepción derechista de la actuación política.
03/12/06
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