La familia “atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia” declaró recientemente el actual arzobis­po de Madrid, Antonio Maria Rouco Varela quien a su vez reclamó de los poderes públicos “protección a la dignidad natural del matrimonio”. La Iglesia católica solicitará respaldo a la mani­festación que contra los matrimonios de parejas del mismo sexo ha convocado para el próximo mes de junio la asocia­ción Foro de la Familia.

A propósito de estas declaraciones me viene a la memoria que siendo pre­sidente de la Conferencia Episcopal Española el cardenal monseñor Anto­nio Maria Rouco Varela y como conse­cuencia del impacto que causó entre el público la proyección en los cines de la “La Pasión de Cristo” éste, acompa­ñado del recién designado cardenal, obispo de Sevilla y fraile franciscano Carlos Amigo y del insólito ex pintor bohemio convertido ahora en jefe de los denominados “kikos”, Kiko Arguello, se dispusieron a visualizar un pase privado del conocido film. Hasta aquí solo llama la atención la presencia en­tre dos cardenales del autor de murales pictóricos de tema eclesiástico de du­dosa autenticidad y buen gusto el mis­mo personaje que a su vez es capataz de una re­nombrada secta denominada Camino Neocatecumenal. Pero lo que realmen­te me dejó atónito fue —tal como reco­gieron los medios de comunicación— que monseñor Rouco declarase no ha­ber asistido a una proyección cinema­tográfica desde 1973.

Una vez más cabe denunciar el ex­cesivo poder que la Iglesia católica es­pañola ha poseído y posee en nuestra sociedad a través de un trato privilegia­do en su relación con los poderes del Estado así como su permanente intro­misión en la regulación de aquellos as­pectos que, afectando a la sociedad en general, deben ser reglamentados con independencia de las creencias religio­sas. Esta posición privilegiada es espe­cialmente desorbitada si la compara­mos con el trato recibido por otras con­fesiones religiosas o sencillamente por los que, probablemente siendo mayoría, no profesamos ninguna creencia re­ligiosa reglada, incluidos aquellos que creen en Dios sin más. Se trata de una intromisión política, profundamente conservadora, procedente de los pode­res religiosos la cual, a su vez, se en­frenta de forma manifiesta con una so­ciedad en permanente transformación, especialmente en el ámbito de las cos­tumbres y  creencias. Esta anacrónica pretensión de la Iglesia católica de re­gular para toda la sociedad aquellos as­pectos del comportamiento   humano que solo deberían afectar a sus feligre­ses se acrecienta ante una evidente falta de adecuación de la jerarquía de la añeja institución eclesiástica a las realida­des del mundo moderno.

El asalto religioso al plano político no puede ser aceptado en una sociedad moderna, pluricultural y respetuosa con los derechos colectivos e individuales. Que la Iglesia católica o cualquier otra quiera imponer a sus fieles que libremente lo acepten conceptos como la sa­cramental consideración del matrimo­nio, la finalidad exclusivamente repro­ductiva de las relaciones sexuales o la existencia del Paraíso Terrenal y el In­fierno va por su cuenta. pero oponerse desde el chantaje moral y la moviliza­ción política a que la sociedad civil a través de sus representantes políticos reglamente el matrimonio entre perso­nas del mismo sexo, la eutanasia, el aborto o el divorcio es ir más allá de lo que la sensibilidad política y el respeto democrático debiera contemplar.

Es comprensible e incluso aceptable que los poderes políticos sean sensibles con la que es la creencia religiosa más extendida y tradicional entre las exis­tentes en las tierras ibéricas, el proble­ma estriba dónde debe acabar la sensi­bilidad y dónde debe comenzar la de­fensa de los valores del Estado de Derecho en una sociedad formalmente laica y democrática.

Para comenzar los poderes públicos, incluida la Corona, deberían abstenerse en los ámbitos políticos de todo tipo de práctica pública institucional de contenido religioso totalmente respetable en el ámbito privado pero no en los actos inherentes a la función política. La intromisión histórica de la Iglesia católica y de la derecha política en la protocolización religiosa de todo tipo de fasto debería finalizar ya sea en el Ministerio de Defensa o en el Ayuntamiento de Palma

Pep Vílchez

24 de maig, 2005