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BIENIO PROGRESISTA

Bienio Progresista es el nombre con el que se conoce el breve periodo de la Historia de España transcurrido entre julio de 1854 y julio de 1856, durante el cual el Partido Progresista pretendió reformar el sistema político del reinado de Isabel II, dominado por el Partido Moderado desde 1843, profundizando en las características propias del régimen liberal, tras el fracaso de los gobiernos moderados en la década anterior.

Al final de la Década moderada se apreciaba que había corrupción entre los políticos, pues siempre eran los mismos los que dirigían la política y la economía del país. Por otra parte, al cabo de diez años de moderantismo, los que no tenían rentas altas no tenían derecho a voto y por supuesto tampoco tenían derecho a ser elegidos para formar parte de las Cortes, pues la Constitución de 1845 lo impedía, ya que el sufragio censitario limitaba el derecho de voto para los más ricos.

Esta situación provocó protestas y movimientos subversivos en respuesta a esas injusticias. Estos movimientos eran liderados por los mismos liberales que no estaban de acuerdo con la forma de actuar del Gobierno; la mayoría de esos grupos liberales eran progresistas, pero también había grupos de moderados descontentos por la situación política, como es el caso del moderado General O'Donnell.

A partir de la dimisión de Bravo Murillo a finales de 1852 había comenzado la decadencia gubernamental con disposiciones por decreto que vulneraban el ordenamiento constitucional. Las principales figuras moderadas, descontentas con el gabinete, habían sido apartadas por la madre de la reina, María Cristina de Borbón, quien ejercía de hecho el control sobre las filas moderadas. Así Francisco Martínez de la Rosa, Alejandro Mon y Menéndez y Leopoldo O'Donnell, hombres de gran peso y que deseaban formar un gabinete que restaurase la confianza en la Corona sin dejar en manos del Partido Progresista el gobierno, quedaban excluidos de cualquier iniciativa política.

En febrero de 1854 se produjeron las primeras protestas callejeras en Zaragoza que hasta julio se extendieron por toda España. El 28 de junio de 1854, el general Leopoldo O'Donnell, que se había ocultado en Madrid durante las persecuciones contra liberales y diferentes sectores moderados en toda España, se unió a diversas fuerzas y se enfrentó con las tropas leales al gobierno en Vicálvaro exigiendo un gobierno nuevo y que se acabase con la corrupción. Respetan a la Reina pero denuncian el mal gobierno. Ese pronunciamiento militar recibe el nombre de La Vicalvarada, sin que resultara un vencedor claro. A lo largo de junio y julio se unieron al alzamiento otras tropas en Barcelona. El 17 de julio, en Madrid, pero también en Alcira, Cuenca, Logroño, Valencia y Zaragoza, civiles y militares salieron a la calle en una sucesión de actos violentos, poniendo en peligro la vida misma de la madre de la Reina, María Cristina, que debió buscar refugio.

Ante esta situación el General O'Donell y sus tropas se retiraron hacia el sur, donde conectaron con el General progresista Serrano y juntos lanzaron el 7 de julio de 1854 el Manifiesto de Manzanares al país para movilizar a la población civil:

Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla que lo deshonra, queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales mejorándolas, sobre todo, la electoral y la de imprenta (...), queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y el merecimiento (...), queremos arrancar a los pueblos de la centralización que les devora, dándoles la independencia local necesaria para que se conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo esto queremos y plantearemos bajo sólidas bases la Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente sin imponerlos por eso a la Nación. Las Juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las Provincias libres, las Cortes generales que luego se reúnan, la misma Nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas y no las envainaremos hasta que ella esté cumplida.

Este manifiesto se difundió entre la población invitando al pueblo a levantarse en apoyo de estas ideas. La reacción popular fue inmediata, pues proliferaron las agitaciones y revueltas populares por todo el país apoyando el Manifiesto, de modo que se convirtió en una revolución a la que se unieron los obreros catalanes.

A la vista de los acontecimientos Isabel II tuvo que atender y conceder lo que el Manifiesto exigía. Comenzaba el bienio progresista.

Este nuevo período estaba lleno de ilusión y esperanza para grandes sectores del pueblo. El nuevo Gobierno liderado por Espartero se aplicó a poner en práctica lo prometido conforme al Manifiesto de Manzanares.

Los progresistas querían una Constitución progresista, por lo que anularon la Constitución moderada de 1845 y sobre las bases de la Constitución progresista de 1837 trataron de elaborar un nuevo texto constitucional. Al final no llegó a aprobarse debido al desacuerdo entre las fuerzas políticas. No obstante se otorgaron derechos al ciudadano, tales como la libertad de expresión, libertad de imprenta y libertad de asociación política. Surgieron otros partidos políticos como el partido demócrata y el partido republicano en el que militaban socialistas y federalistas. El panorama político se complicó mucho. Aprovechando las libertades, el movimiento obrero pasó a la acción, sobre todo a través de la huelga general. Los campesinos también se unieron a las protestas para mejorar su situación.

Los ayuntamientos ya estaban descentralizados por lo que los cargos municipales elegidos por el pueblo ejercían presión sobre el Gobierno. Por otra parte los elementos moderados en las Cortes hostigaban constantemente al Gobierno progresista atacándolo a través de los medios de comunicación.

El Gobierno en medio de toda la inestabilidad política, llevó a cabo una reforma económica importante. Por una parte la desamortización civil de Madoz, por la cual se ponían en venta después de ser expropiados, los bienes de los municipios, órdenes militares, hospitales, hospicios y casas de misericordia, con objeto de obtener fondos para el Estado. Las consecuencias negativas no sólo las sufrieron los agentes de estas instituciones sino que también las sufrieron los aldeanos de bajas rentas, ya que utilizaban las tierras comunales de los municipios para subsistir y al quedar esas tierras en propiedad privada no las podrían utilizar. Por otra parte se llevó a cabo la Ley de ferrocarriles, por la que se daban grandes beneficios y privilegios a quienes invirtieran en la construcción del ferrocarril, puesto que el medio de transporte era imprescindible al proceso de industrialización que se estaba desarrolando en España. Con esa ley los inversores extranjeros, especialmente Francia y Reino Unido, emplearon capitales en la construcción de vías férreas relanzando además la actividad de los bancos. Finalmente se regularon las leyes liberalizadoras de las Sociedades Anónimas y de los bancos que permitieran la expansión del sistema financiero para el desarrollo industrial.

A pesar de esas medidas, el país estaba sumido en un caos, por lo que ante la inestabilidad y conflictividad existente, el General O'Donell dio un golpe de Estado en julio de 1856. El bienio progresista había fracasado.

 

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