Regionalismo y autonomismo

Memoria Civil, núm. 6, Baleares, 9 febrero 1986

Miquel Durán

 

 

La República intentó dar respuesta satisfactoria a la cuestión de las autonomías regionales en el plano constitucional, obviando claro está la solución a través de la simple organización administrativa. Aunque no faltaron resistencias que obligaron a soluciones de carácter transaccional. Este planteamiento de las autonomías derivaba del Pacto de San Sebastián, que básicamente establecía un régimen republicano, pero también reconocía el problema de Cataluña, y a su vez perfilaba un intento de darle salida. Situación explicable si se tiene en cuenta que la viabilidad del sistema republicano dependía, es verdad, del comportamiento que pudieran adoptar las organizaciones obreras, pero también de la actitud del catalanismo en acción. Y a este efecto hay que recordar los contactos establecidos por M. Azaña, F. de los Ríos y A. de Albornoz con Aiguader, y los de M. Domingo con Mallol y con Carrasco Formiguera. De ese modo en San Sebastián en agosto de 1930 además de la presencia de los líderes de Unión Republicana (Derecha Liberal Republicana, Alianza Republicana y Partido Radical-Socialista), estuvieron presentes los de Acció Catalana, Acció Republicana de Catalunya, y Estat Català. Y si por prevenciones de Prieto -que asistió a título personal- no se contó con el PNV, sí que hubo representación de la Federación Republicana Gallega.

Implantada pues la República en el Gobierno Provisional, fruto de la coalición de Derecha Liberal, Partido Radical, Partido Radical-Socialista, Acción Republicana, ORGA, y Esquerra de Catalunya, convocó Cortes Constituyentes, señalando que además de la Constitución el Parlamento se plantearía el Estatut para Catalunya. Y las Constituyentes se estructuraron en un bloque de izquierda (Socialistas, Radical-Socialistas, Esquerra de Catalunya, Acción Republicana, ORGA y Federales), otro de centro (Radicales, Derecha Liberal, y Al servicio de la República), y el de derechas (Agrarios, Vasco-Navarros, Lliga, monárquicos, y conservadores independientes), lo que suponía el funcionamiento de hasta cuarenta y nueve grupos, por más que estuvieran sólo representados veinticuatro partidos.

Definición territorial

En estas Constituyentes -como ha señalado recientemente F. Astarlos hasta este momento no se había producido definición constitucional alguna acerca de la organización territorial del poder- por parte de los diversos grupos se produjo el mantenimiento de posturas que se concretaron respectivamente en la defensa del Estado integral y en el derecho de las Regiones a obtener la autonomía por parte de los socialistas, en tanto que para los radical-socialistas las actitudes adoptadas fueron diversas según cada una de sus tendencias (Pimargallianos, centralistas, anticatalanistas y radicales catalanes). Los de Acción Republicana apoyaron la autonomía sin perjuicio de la solidaridad moral de los pueblos hispánicos, aunque Sánchez Albornoz se declaró castellano y unitarista: en tanto que para Ortega por la Agrupación al servicio de la República se mostró regeneracionista y por tanto revitalizador de la vida local, provincial y regional. Los Progresistas (antigua Derecha Liberal) propugnaron una salida para las Regiones que desearan y pudieran aceptar un régimen de autonomía; mientras que los Federales apelaron al pacto para la delimitación de estas Regiones.

Para Esquerra Catalana Cataluña era federalista, en tanto que para la Lliga el objetivo debía ser obtener la autonomía dentro del Estado Español y por medios legales. Y los de ORGA propiciaron una República integral y pluralista.

Otro fue el comportamiento de los agrarios (exmonárquicos liberales y miembros de Acción Nacional de A. Herrera) que atacaron la representación catalana, destacando la excesiva preocupación por solventar las cuestiones del Principado, pronunciándose además contra cuento cuestionara la existencia de la Patria única, sin bien acabaron declarándose partidarios de un regionalismo autonómico. A los vasco-navarros les importó sobre todo dejar bien formulada su aspiración de restaurar la personalidad política anterior a 1839. Y hubo una afirmación categórica de la unidad de España, y de la autonomía dentro de la unidad por parte de los liberal-demócratas de M. Alvarez, al tiempo que los independientes abogaban por la máxima descentraliación y por la máxima unidad política y resolución.

Posturas en el Congreso

Un debate que progresivamente delimitaría cuatro posturas: la posibilista y ecléctica que aceptaba la institucionalización autonómica -sustentada por la mayoría de fuerzas integradas en la coalición gubernamental-, la federalista (auspiciada, además de por los federales, por Esquerra Catalana, un sector gallego, los radicales, y en alguna medida por el PNV), la orteguiana de autonomía para todos, y la centralista. Y que en la comisión pertinente -donde campearon los Jiménez de Asúa, Araquistain, Ruiz Funes, Trifón Gómez, Samper, Campoamor, Valera, Alomar, Gil Robles, García Valdecasas, Castrillo, Valle y Leizaola- hizo todavía más patente el eclecticismo progresista y la oposición de federales, agrarios y vasco-navarros, aunque dando mucho más jugo.

A lo largo del proceso constituyente se cuestionará el término nación y aunque se mantuvo el principio se descartó la estructura federal. Hubo naturalmente propuestas de sistema de equilibrio como el de las comarcas naturales, y llegó a reconocerse la autonomía municipal además de la regional, aunque no la provincial. Quedando delimitadas trece Regiones Autónomas (Cataluña. Aragón, Castilla la Vieja, Vasco-Navarra, Asturias, León, Galicia, Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares y Canarias), y acordándose un status especial para los territorios del norte de África.

 

 

Foto de G. Bestard, de la calle Riera, Al fondo Teatro Principal donde del 20 al 23 de julio de 1931 se discutió el anteproyecto de Estatuto de Autonomia de Mallorca i Eivissa, elaborado por la Associació per la Cultura de Mallorca y las Cámaras Comercio y Agrícola. Los alcaldes de Menorca no acudieron.

Competencias

Pero el escollo llegó con los artículos dedicados a las competencias. Se manejaron de entrada referencias explícitas sobre la desmembración de España. lo que se tradujo en la apelación a la necesidad de una elevada transacción patriótica para el Estatut de Catalunya, insistiendo reiteradamente que había que sacrificar muchos intereses y no pocos sentimientos ... Bordeándose el conflicto al intuirse muchas abstenciones, y al anunciarse amenazas de indisciplina de voto, hasta el punto que Jiménez de Asúa tuvo que plantear la ampliación del debate con la finalidad de que todas las Regiones tuvieran garantías de que no quedarían perjudicadas en cuanto a posibilidades de obtener facultades.

Fue entonces cuando los socialistas prestaron su total acuerdo, pese a las objeciones de Prieto y Largo Caballero. Y en general se dijo sí a la autonomía pero no a la soberanía compartida. También se relegaron las discusiones sutiles en torno a la nación y nacionalidad, y se salvó la indefensión de cualquier provincia abocada en contra de su voluntad al régimen autonómico. No faltado intentos de supresión del lapso de cinco años para el intento de obviar el plebiscito desfavorable, así como de posibilitar la expansión de una única provincia transformada en Región (Alomar y Samper), y aun de permitir la federación de Regiones. Si bien nuevamente la mayor parte del debate se consumió en torno al tema del Estado integral, tan ironizado por los comentaristas coetáneos.

Regionalización

En el fondo se exhibieron unas posiciones doctrinales muy explícitas: Regionalismo y Nacionalismo. El Regionalismo suponía una reivindicación -ya que se consideraba cada Región como una realidad social con características propias -, que se convirtió en regionalización al ritmo de su propiciación por las burguesías regionales configuradas a partir del sistema canovista. En tanto que el Nacionalismo era un movimiento ideológico que pretendía alcanzar y mantener el autogobierno e incluso la independencia a favor de un grupo; hasta se mantenía por parte de algunos que el grupo constituía una nación. En realidad se trataba de un conjunto cultural, con criterios subjetivos -voluntad de vivir juntos- y con criterios objetivos -elementos culturales como lengua, costumbres e historia- ya que no era posible olvidar que fue el concepto de nacionalidad decimonónico el que justificaba la nación.

De igual modo latían mantenimientos doctrinales subyacentes en los términos Soberanía y Autonomía. Aunque al final la constitución republicana desligó el autonomismo (reivindicador de la autonomía política para todas las Regiones) del concepto de soberanía, ya que el Estado que se perfiló en su texto era soberano. Y esto indudablemente vino a aclarar las cosas, ya que la Región en el siglo XIX sólo podía ser considerada como un espacio de participación cívica donde el ciudadano pudiera a la vez sentirse presente en su mundo y en si mismo, mientras que a escala regional la vida diaria, en nuestro siglo, progresivamente se iba percibiendo como calidad o falta de calidad, al tiempo que se hacia evidente que el Estado no podía sino mediar el PNB ...

No cabía pues confundir regionalismo con regionalización. Y es posible que en las constituyentes hubiera suficiente evidencia de que el no acertar en la configuración de una organización regional podía producir a la larga una importante deserción cívica capaz de engendrar lenta o rápidamente un colectivismo anónimo y represivo merced al que se viera enturbiada la democracia, como advirtió Rougemont.

Sánchez Albornoz, castellanista y unitarista; y Ortega regeneracionitsta, revitalizador de la vidal local y regional